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15 de Julio del 2005
Tras fallo de juez
Jorge Zepeda Razones de la
polémica por fin a la intervención de la ex Colonia Dignidad
por El
Mostrador.cl Decisión del magistrado causó malestar
en el Gobierno, que apelará en los próximos días al
levantamiento de la medida precautoria que pesaba sobre las
empresas ligadas a la Villa Baviera. Sin embargo, fuentes
ligadas al magistrado consideran que su decisión sólo se ajuta
a la Ley. Una
profunda grieta se abrió entre el ministro en visita que
investiga los delitos cometidos al interior de la ex Colonia
Dignidad, Jorge Zepeda, y el Gobierno, luego que ayer,
miércoles, el magistrado resolviera levantar la intervención
que pesaba sobre las cinco empresas ligadas a la hoy llamada
Villa Baviera.
Aunque en círculos judiciales la
decisión no causó sorpresa, toda vez que el magistrado había
sido muy crítico con las actuaciones de la jueza de Parral,
Ximena Pérez, que llevaba adelante la investigación sobre
asociación ilícita, en el Ejecutivo la medida fue interpretada
como un fuerte retroceso para el esclarecimiento de las
actividades delictuales cometidas en el enclave.
De
hecho, el Ministerio del Interior en los próximos días
impugnará la decisión del magistrado. Según explicó el vocero
de La Moneda, Osvaldo Puccio, existe una voluntad "política y
moral" para enfrentar una situación que es "inaceptable". Se
trata, dijo el ministro, de "proteger a los ciudadanos de la
ex Colonia Dignidad que ha cometido delitos que van desde la
pedofilia hasta la internación y mantención de armas, pasando
por el espionaje a chilenos".
El primer indicio de que
Zepeda levantaría la medida precautoria fue la revocación de
los procesamientos por asociación ilícita que había dictado la
jueza Pérez contra los ex jerarcas de Villa Baviera, luego que
estimara que ésta cometió una “omisión de un acto esencial” al
dictar los encausamientos cuando el expediente de la causa se
encontraba a disposición de la Corte Suprema.
Fuentes cercanas al juez precisaron que en la etapa
procesal en que se encuentra el caso no había mérito
suficiente para configurar la figura delictual de asociación
ilícita. Pero no se descarta que en el futuro sí pueda
establecerse dicho delito y dictarse nuevos procesamientos
contra el círculo que gobernó la ex Colonia, de unas 30
personas.
La raíz del problema
Para
quienes conocen de cerca el proceso, el primer roce entre el
ministro Zepeda y la jueza de Parral ocurrió cuando esta
última le solicitó los informes policiales sobre las fichas de
inteligencia confeccionadas y escondidas bajo tierra al
interior del enclave.
Para el magistrado esa
información resulta especialmente “sensible” desde el punto de
vista político, sobre todo en un período eleccionario.
Según ha trascendido, los documentos se refieren a un
universo de 39.800 personas (del total de 43 mil fichas
halladas), quienes pertenecerían a todos los sectores
políticos e institucionales del país. Esas carpetas
contendrían antecedentes públicos y privados de los nombrados,
que podrían verse afectados con su divulgación, pese a que no
exista ningún grado de certeza sobre la veracidad de dichos
antecedentes.
Además, se sumaría el hecho que cuando
la solicitud fue recepcionada por Zepeda, el juez se
encontraba trabajando con dichos informes con la Jefatura de
Inteligencia Policial (Jipol) de Investigaciones, por lo cual
no era oportuno traspasar dicho material que, principalmente,
según fuentes cercanas al magistrado, es revisado con miras a
encontrar datos relevantes sobre casos de detenidos
desaparecidos. Hasta ahora, sólo en 14 casos se habría
encontrado información relevante al respecto.
En la
tarde de ayer, el juez remitió a la Jipol cerca de 6 cajas con
las carpetas halladas en Villa Baviera en septiembre de 2000,
que habrían servido de origen de la cuantiosa información
oculta en los búnkeres subterráneos, y que hasta la semana
pasada estaban a disposición del tribunal de Parral. De esta
forma, la policía también se encargará de su clasificación,
análisis e interpretación.
En tanto, trascendió que
para investigar el origen de las armas y la posible
utilización que estas habrían tenido, el Ministerio del
Interior estaría evaluando presentar un requerimiento por
infracción a la Ley de Control de Armas y Explosivos ante una
Fiscalía Militar, por tener mayor competencia sobre el tema.
Otros puntos del conflicto
Otro aspecto
conflictivo aconteció cuando la jueza Pérez de Parral decretó
las medidas precautorias relacionadas con los bienes del
enclave, estimándose que ello podría afectar la colaboración
que han prestado los colonos en la investigación de Zepeda. No
obstante, este argumento fue desvirtuado por fuentes
policiales y judiciales, ya que el principal aporte estaría
siendo entregado por ex habitantes de Villa Baviera, es decir,
personas que están totalmente desvinculadas de ella.
En tanto, los que respaldaban la decisión de
intervenir las empresas relacionadas a la ex Colonia
argumentan que de esta manera se podrían conocer en detalle
las transacciones comerciales y los patrimonios reales de
dichas entidades como también, eventualmente, establecer
posibles ilícitos.
Sin embargo, en círculos judiciales
se asegura que ello también podría haberse hecho a través de
otras vías, como por el Servicio de Impuestos Internos (SII)
sin la necesidad de dificultar los negocios de las mismas. Al
respecto, las fuentes consultadas por El Mostrador.cl
aseguran que desde que asumió el síndico Herman Chadwick, las
empresas se encuentran paralizadas.
Diversos
propietarios
En ese sentido, la decisión de Zepeda
de levantar las medidas se funda en que las sociedades
intervenidas –Abratech, Agripalma, Bardana, Sinoglosa y Cerro
Florido- tienen diversos propietarios, muchos de los cuales no
se encuentran procesados ni tampoco están siendo requeridos
por los tribunales.
“Consta que las medidas
precautorias se solicitan respecto de todos los bienes
conocidos pertenecientes a personas jurídicas distintas de las
personas naturales que como socios la integran, sin advertir
que la responsabilidad en materia de delitos no es solidaria,
sino individual e indivisible”, sostiene la resolución dictada
ayer por el magistrado.
Además, Zepeda agrega que no
se ha podido establecer que su formación provenga de “un
reciclaje de dinero de otros bienes originados en un a cadena
de actividad criminal” o que hayan servido para financiar
nuevas actividades con fines ilícitos.
En su
resolución, el magistrado profundiza aún más sus apreciaciones
críticas, y argumenta que un informe de la Brigada de Lavados
de Activos (Brilac) de la Policía de Investigaciones lleg a
establecer que no habría empresas que indagar respecto a la
querella presentada originalmente, pues legalmente la Colonia
Dignidad ya no existe.
Esto, porque la personalidad
jurídica de la Sociedad Benefactora Dignidad fue caducada en
1991 y sus bienes y patrimonios fueron traspasados a la
Corporación Metodista, mientras que en 2003 fueron derivados
al Cuerpo de Bomberos de Linares, que actualmente cuenta con
dos propiedades: la escuela Villa Baviera y Villa Baviera,
avaluadas en 1.184 millones 337 mil pesos.
Tranquilidad
Respecto a los anuncios de
recursos de queja que interpondrían en su contra, tanto el CDE
como el representante de las víctimas de la ex jerarquía del
asentamiento, fuentes allegas al ministro Zepeda afirmaron que
él está tranquilo, ya que sus resoluciones se han ajustado
estrictamente a lo que la Ley permite en casos de esta
naturaleza.
Dicha calma también radica en los buenos
resultados que ha obtenido en sus investigaciones sobre el
tema, siempre resguardando la independencia de sus decisiones.
En esa medida, el magistrado desde mediados de agosto evacuó
una orden de arraigo contra toda la cúpula del enclave, que no
superaría las 30 personas, ya que con ello aseguraría que en
caso de aplicar la figura de asociación ilícita puedan ser
ubicados al interior del país.
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